Luego de que se identificaran altos cobros de las entidades bancarias a través de la tarjeta de crédito que alcanzan hasta un 120% de interés, esta iniciativa de ley fue presentada por un grupo de diputados en 2019 para poder regular esta situación en el país, e hicieron ver que Guatemala era uno de los pocos países que no contaba con una ley que regulara estas situaciones. Por lo que actualmente muchos guatemaltecos se endeudan.

Ayer martes 6 de febrero del presente año, este proyecto será conocido en tercera lectura en el Pleno del Congreso de la República. Esta ley pretende crear una mejor relación entre emisor, afiliado y tarjetahabiente, también busca que se restablezcan los mecanismos de protección del usuario financiero y el régimen sancionatorio.

Propuestas de la iniciativa:

1. Los emisores no podrán capitalizar intereses de ninguna forma.
2. No podrán calcularse intereses sobre comisiones o recargos.
3. Si el usuario tiene un problema económico podrá cancelar su tarjeta de crédito y exigir un convenio de pago.
4. La entidad emisora estará obligada a otorgarle al tarjetahabiente un convenio de pago y proporcionarle la capacidad de pagar la deuda cancelando la tarjeta; en la actualidad esto no es una opción.
5. Cuando el cliente pague su deuda la entidad emisora tendrá la obligación de emitir un finiquito para evitar que años después la misma deuda vuelva a ser cobrada, como ya ha sucedido y ha sido denunciado por los tarjetahabientes.
6. La Superintendencia de Bancos (SIB) y la Dirección de Asistencia al Consumidor (Diaco) estarán obligadas a publicar cuál es la tasa de interés promedio, que bancos están arriba y abajo del promedio, con el fin de promover la competencia, transparentar el mercado y orientar al consumidor a que busque la tasa de interés más favorable y la tarjeta que le brinde mejores beneficios.
7. En las tasas de interés se establecerán dos tipos de contrato: tasa de interés fija, que permanecerá durante el tiempo que dure el contrato firmado entre el emisor y el tarjetahabiente y tasa de interés variable: sujeta a variación y que el banco estará obligado a informar con 45 días de anticipación del cambio, en este caso si el usuario no está de acuerdo podrá cancelar la tarjeta y exigir un convenio de pago.
8. Protección al tarjetahabiente a través de la creación de la Unidad de Protección de Servicios Financieros, dependiente de la Diaco.

Citando textualmente, Barreda comentó lo siguiente “esta es una medida fundamental para evitar la usura y los abusos a los cuales son sujetos los tarjetahabientes cuando les cobran intereses sobre intereses, incluso sobre comisiones y recargos”.

López, D. (6 de febrero de 2024). Tarjetas de crédito: la ley que se discute en el Congreso para apoyar a la persona que posee una tarjeta. Prensa Libre. https://www.prensalibre.com/economia/no-mas-abusos-en-tarjetas-de-credito-convenios-de-pago-informacion-sobre-intereses-y-pago-minimo-a-capital-son-propuestas-de-la-ley-que-busca-regularizacion/